Martes, Octubre 21, 2014 
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40 Recomendaciones del GAFI

A. SISTEMAS JURÍDICOS



Alcance del delito penal de lavado de dinero



1. Los países deberían tipificar como delito el lavado de dinero, en base a la Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).

Los países deberían aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves, a los efectos de incluir la gama más amplia de delitos subyacentes. Los delitos subyacentes se pueden definir tomando como base todos los delitos, o a partir de un umbral vinculado ya sea con una categoría de delitos graves o con la pena de prisión aplicable al delito subyacente (criterio del umbral) o construyendo una lista de delitos subyacentes, o usando una combinación de estos dos criterios.

Cuando un país aplica el criterio del umbral, los delitos subyacentes deberían comprender, como mínimo, todos los delitos que caen dentro de la categoría de delitos graves dentro de su legislación nacional o debería incluir delitos punibles con una pena máxima de más de un año de prisión. En los países que en sus sistemas jurídicos tienen un umbral mínimo para los delitos, los delitos subyacentes deberían comprender a todos los delitos que se castigan con una pena mínima de más de seis meses de prisión.

Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo menos una serie de delitos dentro de cada una de las categorías de delitos tipificados.

Los delitos subyacentes en materia de lavado de dinero deberían abarcar toda conducta que haya tenido lugar en otro país, que constituya un delito en ese país, y que habría constituido un delito subyacente de haberse cometido localmente. Los países pueden establecer que, como único requisito previo para ser considerada un delito subyacente, la conducta incurrida sea una considerada como tal por la legislación interna.

Los países pueden establecer que el delito de lavado de dinero no sea aplicable a personas que hayan cometido el delito subyacente, cuando así lo requieran los principios fundamentales de sus legislaciones nacionales.

2. Los países deberían garantizar que:

a) la intencionalidad y el conocimiento requeridos para probar el delito de lavado de dinero sea coherente con las normas establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el concepto de que ese estado mental se pueda inferir a partir de circunstancias de hecho objetivas,

b) Se debería aplicar a las personas jurídicas la responsabilidad penal y, en los casos en que no sea posible, la responsabilidad civil o administrativa,. Esto no debería obstaculizar a los procedimientos penales, civiles o administrativos paralelos con respecto a personas jurídicas en aquellos países en que se apliquen esas formas de responsabilidad. Las personas jurídicas deberían estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas medidas se aplicarían sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas.

Medidas provisionales y decomiso



3. Los países deberían adoptar medidas similares a las previstas en las Convenciones de Viena y de Palermo, entre ellas medidas legislativas, para que sus autoridades competentes puedan decomisar los activos lavados, el producto del lavado de dinero o de delitos subyacentes, los instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o activos por un valor equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Estas medidas deberían incluir la autoridad para: 1) identificar, localizar y evaluar los activos objeto del decomiso; 2) implementar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el secuestro, para impedir cualquier comercialización, transferencia o enajenación de dichos activos, 3) adoptar medidas que impidan o eviten actos que perjudiquen la capacidad del Estado para recuperar activos sujetos a decomiso; y (4) tomar medidas de investigación apropiadas.

Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean embargados sin que se requiera una condena penal, o que requieran que un infractor demuestre el origen lícito de los activos eventualmente sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus respectivas legislaciones nacionales.

B. MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS PARA IMPEDIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



4. Los países deben asegurarse de que las leyes de secreto financiero no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

Procedimientos de debida diligencia y registros actualizados sobre clientes



5. *Las instituciones financieras no deberían mantener cuentas anónimas o cuentas a nombre evidentemente ficticios.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas para llevar a cabo procedimientos de debida diligencia sobre sus clientes, entre ellas, la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, cuando:

  • se inicien relaciones comerciales;

  • se lleven a cabo transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral designado aplicable; o (ii) que sean transferencias electrónicas en las circunstancias cubiertas por la Nota Interpretativa de la Recomendación Especial VII;

  • exista la sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; o

  • la institución financiera tenga dudas acerca de la veracidad o congruencia de la información identificatoria del cliente obtenida anteriormente.

Las medidas a tomar sobre procedimientos de DDC, son las siguientes:

a) identificar al cliente y verificar la identidad de ese cliente empleando documentos, datos e información de una fuente independiente, confiable;

b) identificar al titular beneficiario final, y tomar medidas razonables para verificar la identidad del titular beneficiario final de modo que la institución financiera quede convencida de que conoce al titular beneficiario final. En el caso de las personas jurídicas y los entidades jurídicas, las instituciones financieras además, deberían tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control del cliente;

c) obtención de información sobre el objeto y la supuesta naturaleza de la relación comercial;

d) llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia permanente respecto de la relación comercial, así como un escrutinio de las transacciones realizadas durante todo el curso de esa relación, con el fin de asegurar que las transacciones que se están haciendo son compatibles con lo que la institución sabe del cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos, en caso necesario.

Las instituciones financieras deberían aplicar cada una de las medidas sobre procedimientos de DDC de los puntos a) a d), precedentes, pero podrán determinar el alcance de esas medidas sobre la base de la sensibilidad al riesgo, según el tipo de cliente, relación comercial o transacción. Las medidas que se adopten deberían ser coherentes con cualquier pauta dictada por las autoridades competentes. En lo que hace a las categorías de mayor riesgo, las instituciones financieras debería llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia más exhaustiva. En algunas circunstancias en que los riesgos sean menores, los países pueden decidir que las instituciones financieras pueden aplicar medidas más reducidas o simplificadas.

Las instituciones financieras deberían verificar la identidad del cliente y del titular beneficiario final antes y mientras se establece una relación comercial o se hacen transacciones con clientes ocasionales. Los países pueden permitir a sus instituciones financieras que completen la verificación lo antes posible después de establecida la relación, cuando los riesgos de lavado de dinero se estén manejando con eficacia y cuando sea esencial para no interrumpir el curso normal de los negocios.

En los casos en que la institución financiera no pueda cumplir con lo previsto en los puntos (a) a (c) anteriores, no debería abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales ni llevar a cabo la transacción; o debería poner fin a la relación comercial; y debería pensar en hacer un reporte de operaciones sospechosas en relación con el cliente.

Estos requisitos se aplicarían a todos los clientes nuevos, aunque las instituciones financieras también deberían aplicar esta Recomendación a los clientes ya existentes en base a su importancia y riesgo, y deberían llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia respecto de las relaciones existentes en momentos apropiados.

6*. En relación con las Personas con Exposición Política, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales deberían:

  • contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona políticamente expuesta;

  • obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones comerciales con esos clientes;

  • tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos;

  • llevar a cabo un monitoreo permanente más exhaustivo de la relación comercial.

7. En relación con los bancos corresponsales transnacionales y otras relaciones similares, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales deberían:

a) reunir información suficiente sobre una institución corresponsal que le permita comprender cabalmente la naturaleza de sus negocios y para determinar, en base a la información de dominio público, cuál es la reputación de la institución y la calidad de su supervisión, incluso si ha estado investigada por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o por acciones de origen reglamentario;

b) evaluar los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la institución corresponsal;

c) obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía antes de establecer nuevas relaciones de corresponsalía;

d) documentar las respectivas responsabilidades de cada institución;

e) con respecto a las cuentas a través de las cuales se puede acceder a otras plazas, estar convencidas de que el banco originario ha verificado la identidad y ha realizado el procedimiento de debida diligencia permanente de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del corresponsal y que está en condiciones de suministrar los datos identificatorios de un cliente a pedido del banco del que es corresponsal.

8. Las instituciones financieras deberían poner especial atención a cualquier amenaza de lavado de dinero que surja a raíz de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato, y adoptar medidas, si fuera necesario, para impedir su utilización en planes de lavado de dinero. En particular, las instituciones financieras deberían instaurar políticas y procedimientos para hacer frente a cualquier riesgo específico asociado con las relaciones comerciales o transacciones que no se hacen cara a cara.

9*. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que utilicen a intermediarios y otros terceros para llevar a cabo los elementos (a) a (c) del procedimiento de DDC o para atraer nuevos negocios, siempre que se cumplan los criterios establecidos a continuación. En los casos en que se permita lo antedicho, la responsabilidad final por la identificación y verificación del cliente recae sobre la institución financiera que utiliza a terceros.

Los criterios a cumplir son los siguientes:



a) Una institución financiera que utiliza a terceros debería obtener, de inmediato, la información necesaria relativa a los elementos (a) - (c) del procedimiento de DDC. Las instituciones financieras deberían tomar medidas adecuadas para quedar convencidas de que, a pedido, se podrá acceder sin demora a las copias de los datos identificatorios y demás documentación relevante relacionadas con los requisitos de DDC de esos terceros.

b) La institución financiera debería quedar convencida de que esos terceros están regulados y supervisados y que ha tomado medidas para cumplir con los requisitos de DDC en línea con las Recomendaciones 5 y 10.

Queda a decisión de cada país determinar en qué países pueden tener su sede los terceros que cumplan con las condiciones, teniendo en cuenta la información disponible sobre los países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o no las aplican adecuadamente.

10*. Las instituciones financieras deberían conservar, durante no menos de cinco años, todos los documentos necesarios sobre las transacciones realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las autoridades competentes. Esos documentos deberían permitir reconstruir las diferentes transacciones (incluidos las cuantías y los tipos de moneda utilizados, en su caso) con el fin de aportar pruebas, si fuera necesario, en el caso de acciones judiciales por conductas delictivas.

También deberían conservar registro de los datos identificatorios de sus clientes obtenidos a través del procedimiento de debida diligencia sobre el cliente (por ejemplo, copias o registros de documentos de identidad oficiales tales como pasaportes, cédulas de identidad, permisos de conducir o documentos similares), los expedientes de cuentas y la correspondencia comercial durante no menos de cinco años después de haber concluido la relación comercial.

Estos datos identificatorios y los registros de transacciones deberían estar a disposición de las autoridades nacionales competentes, mediante la autorización apropiada.

11*. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a todas las transacciones complejas e inusualmente grandes, así como a todos los patrones de transacciones inusuales, que no tengan un objeto económico aparente o legítimo visible. Dentro de lo posible, se deberían analizar los antecedentes y el propósito de dichas transacciones, asentándose los resultados por escrito, y deben estar a disposición para ayudar a las autoridades competentes y a los auditores.

12*. Los requisitos del procedimiento de debida diligencia respecto del cliente y de conservación de los registros expuestos en las Recomendaciones 5, 6 y 8 a 11 se aplican también a las actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones:

a) Casinos - cuando los clientes se dedican a transacciones financieras iguales o mayores que el umbral designado aplicable;

b) Agentes inmobiliarios - cuando participan en transacciones para sus clientes relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles;

c) Comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas - cuando hagan alguna transacción en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral designado aplicable;

d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores cuando preparan o llevan a cabo transacciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

  • compraventa de bienes inmuebles;

  • administración del dinero, títulos valores y otros activos del cliente;

  • administración de cuentas bancarias, de ahorro o títulos valores;

  • organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;

  • creación, operación o administración de personas jurídicas o entidades jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

e) Proveedores de servicios de fideicomiso y para compañías, cuando preparan o llevan a cabo transacciones para un cliente en relación con las actividades detalladas en la definición del Glosario.

Reporte de operaciones sospechosas y cumplimiento



13*. Si una institución financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, o que están relacionados con el financiamiento del terrorismo, se les debería exigir, directamente por ley o reglamentación, que reporten sus sospechas de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

14*. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deberían ser:

a) protegidos por medio de disposiciones legales respecto de la responsabilidad penal y civil por incumplimiento de alguna restricción referida a la divulgación de información impuesta por contrato o por disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, en el caso de que reporten sus sospechas de buena fe a la UIF, aún si no supieran exactamente cual era la actividad ilegal y con independencia de si tuvo lugar esa actividad ilegal.

b) imposibilitados por ley de divulgar el hecho de que se está haciendo un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o información relacionada a la UIF.

15*. Las instituciones financieras deberían desarrollar programas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos programas deberían incluir:

a) el desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo dispositivos apropiados para gestionar el cumplimiento, y procedimientos de detección adecuados para asegurar que haya un estándar elevado para la contratación de empleados;

b) un programa permanente de capacitación de empleados;

c) una función de auditoría para hacer pruebas sobre el sistema.

16*. Los requisitos dispuestos en las Recomendaciones 13 a 15 y 21 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas, con sujeción a las siguientes salvedades:

a) Se debería requerir a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten operaciones sospechosas cuando, por cuenta o en representación de un cliente, participen en una transacción en relación con las actividades descriptas en la Recomendación 12 (d). Se alienta enfáticamente a los países a que hagan extensivo el requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo auditorías.

b) Se debería requerir a los comerciantes dedicados a la compraventa de metales preciosos y piedras preciosas que reporten operaciones sospechosas cuando hagan alguna transacción en efectivo con un cliente, igual o mayor que el umbral designado aplicable.

c) Se debería requerir a los proveedores de servicios de fideicomiso y para compañías, que reporten operaciones sospechosas de un cliente cuando, por cuenta o en nombre de un cliente, participen en una transacción en relación con las actividades descriptas en la Recomendación 12(e).

No se requiere que los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, y contadores que actúen como profesionales independientes, reporten sus sospechas si las información relevante ha sido obtenida en circunstancias en las que estaban sujetos al privilegio de secreto profesional o secreto legal.

Otras medidas para desalentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
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17. Los países deberían asegurar que se disponga de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, sean de orden penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o jurídicas cubiertas por estas Recomendaciones que no cumplan con los requisitos para combatir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

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18. Los países no deberían aprobar la instalación o aceptar la continuidad de la operatoria de bancos pantalla. Las instituciones financieras debería negarse a entrar o permanecer en una relación de corresponsalía bancaria con bancos pantalla. Asimismo, las instituciones financieras deberían cuidarse de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que sean su corresponsales, cuando estas permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

19*. Los países deberían considerar:

a) la implementación de medidas viables para detectar o monitorear el transporte físico trans fronterizo de dinero e instrumentos negociables al portador, sujetas a resguardos estrictos para asegurar el uso correcto de la información y sin impedir en modo alguno la libertad de movimientos de capital.

b) la viabilidad y utilidad de un sistema donde los bancos y demás instituciones financieras e intermediarios reporten todas las transacciones en divisas locales e internacionales por encima de una cuantía determinada, a una agencia central nacional dotada de una base de datos computerizada, disponible a las autoridades competentes para usar en casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sujetas a resguardos estrictos para asegurar el uso correcto de la información.

20. Los países deberían considerar la aplicación de las recomendaciones del GAFI a otras actividades y profesiones además de las empresas y profesiones no financieras designadas que presenten un riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Los países deberían además alentar el desarrollo de técnicas modernas y seguras de administración del dinero que sean menos vulnerables al lavado de dinero.

Medidas a adoptar con respecto a países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se las aplica insuficientemente

21. Las instituciones financieras deberían prestar especial atención a las relaciones comerciales y transacciones con personas, incluso empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente. Cuando estas transacciones no tengan un propósito económico aparente o legítimo visible, se debería analizar su trasfondo y fines, en la mayor medida posible, plasmándose los resultados por escrito, los que deben estar disponibles para ayudar a las autoridades competentes. En el caso de que ese país siga sin aplicar o aplicando de modo insuficiente las Recomendaciones del GAFI, las jurisdicciones deberían poder aplicar contramedidas apropiadas.

22. Las instituciones financieras deberían asegurarse de que los principios aplicables a las instituciones financieras mencionados anteriormente, también se apliquen a las sucursales y a filiales ubicadas en el exterior en las que posean la mayoría, especialmente en países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o se las aplica de manera insuficiente, en la medida en que las leyes y reglamentaciones locales lo permitan. Cuando las leyes y reglamentaciones aplicables prohíban esta implementación, las instituciones financieras deberían informar a las autoridades competentes del país de la institución matriz que no pueden aplicar las Recomendaciones del GAFI.

Regulación y supervisión



23*. Los países deberían asegurarse de que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuadas y que estén implementando efectivamente las Recomendaciones del GAFI. Las autoridades competentes deberían adoptar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean titulares beneficiarios finales de participaciones importantes o controlantes o que ocupen una función gerencial en una institución financiera.

Para las instituciones financieras sujetas a los Principios Centrales, las medidas reglamentarias y de supervisión que se aplican con fines de precaución y que también son relevantes para el lavado de dinero, deberían aplicarse de manera similar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Se debería otorgar nuevas licencias o registrar, regulándolas apropiadamente, a otras instituciones financieras que estén sujetas a la supervisión o control en lo concerniente a los fines de lucha contra el lavado de dinero, teniendo en cuenta el riesgo que constituyen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en ese sector. Como mínimo, las actividades que presten el servicio de transferencias de dinero o valores, o de cambio de moneda o divisas, deberían trabajar con licencia o bajo registro, y deberían estar sujetas a sistemas efectivos de monitoreo y asegurar el cumplimiento de los requisitos nacionales destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

24. Las actividades y las profesiones no financieras designadas deberían estar sujetas a medidas reglamentarias y de supervisión en la forma anteriormente expresada.

a) Los casinos deberían estar sometidos a un régimen reglamentario y de supervisión integral que asegure que tienen implementadas efectivamente las medidas necesarias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como mínimo:

  • los casinos deberían funcionar bajo licencia;

  • las autoridades competentes deberían adoptar las medidas legales o reglamentarias necesarias para impedir que delincuentes o sus asociados tengan o sean titulares beneficiarios finales de participaciones importantes o controlantes o que ocupen una función gerencial o sean operadores de un casino;

  • las autoridades competentes deberían asegurar la efectiva supervisión de los casinos en lo tocante al cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

b) Los países deberían asegurarse de que las demás categorías de actividades y profesiones no financieras designadas estén sujetas a sistemas de monitoreo eficaces y que aseguren su cumplimiento de los requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este monitoreo se debería realizar sobre la base de sensibilidad al riesgo. Esto podría estar a cargo de una autoridad gubernamental o algún órgano autárquico apropiado, siempre que tal órgano sea capaz de garantizar que sus miembros cumplirán con las obligaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

25*. Las autoridades competentes deberían establecer pautas y dar retroalimentación que ayuden a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras a aplicar las medidas nacionales destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y, en particular, a detectar y reportar operaciones sospechosas.

C. MEDIDA INSTITUCIONALES Y DE OTROS TIPOS NECESARIAS EN LOS SISTEMAS DESTINADOS A COMBATIR EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


Autoridades Competentes, sus Facultades y Recursos
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26*. Los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, solicitud), el análisis y la divulgación de ROS y otras informaciones relacionadas con un posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UIF debería tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, administrativa y de aplicación de la ley que necesite para cumplir apropiadamente con sus funciones, incluyendo el análisis de los ROS.

27*. Los países deberían asegurar que las autoridades de seguridad pública designadas tengan a su cargo la responsabilidad de las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se alienta a los países a apoyar y desarrollar, en la mayor medida posible, técnicas de investigación especiales adecuadas para la investigación del lavado de dinero, tales como entrega controlada, operaciones encubiertas y otras técnicas relevantes. También se alienta a los países a que utilicen otros mecanismos eficaces tales como el uso de grupos permanentes o temporarios especializados en la investigación de activos y las investigaciones en colaboración con las autoridades competentes correspondientes de otros países.

28. Cuando se llevan a cabo investigaciones de lavado de dinero y de los delitos subyacentes sobre los que aquél se funda, las autoridades competentes deberían estar en condiciones de obtener documentos e información para emplearlos en esas investigaciones, y en los procesos judiciales penales y acciones relacionadas. Esto debería incluir facultades para usar medidas compulsivas para la presentación de registros por parte de las instituciones financieras y otras personas, para la inspección de personas o el allanamiento de locales, y para secuestrar y obtener evidencia.

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29. Los supervisores deberían tener facultades adecuadas para monitorear y asegurar el cumplimiento, por parte de las instituciones financieras, de los requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo la autoridad para realizar inspecciones. Se los debería autorizar a exigir la presentación de cualquier información de las instituciones financieras que sea pertinente al monitoreo de ese cumplimiento, y a imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de esos requisitos.

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30. Los países deberían proporcionar a sus autoridades competentes involucradas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Los países deberían contar con procesos que aseguren que el personal de esas autoridades sean personas de gran integridad.

31. Los países deberían asegurar que los encargados de formular las políticas, las UIF, las autoridades de seguridad pública y los supervisores cuenten con mecanismos efectivos que les permitan cooperar y, en los casos apropiados, coordinar a nivel nacional entre varios con respecto al desarrollo y la implementación de políticas y actividades destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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32. Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes sean capaces de revisar la eficacia de sus sistemas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, llevando estadísticas completas respecto de las cuestiones relevantes a la efectividad y eficiencia de esos sistemas. Éstas deberían incluir estadísticas sobre los ROSs recibidos y divulgados; sobre investigaciones, las acciones judiciales y condenas referidas al lavado de dinero, sobre bienes congelados, secuestrados y decomisados; y sobre asistencia legal mutua u otros pedidos internacionales de cooperación.

Transparencia de las personas jurídicas y entidades


33. Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de personas jurídicas por parte de quienes se dedican al lavado de dinero. Los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los titulares beneficiarios finales y el control de personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. En particular, los países que tengan personas jurídicas autorizadas a emitir acciones al portador deberían tomar medidas apropiadas para asegurar que dichas acciones no sean empleadas incorrectamente para el lavado de dinero, y poder demostrar que esas medidas son adecuadas. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el cumplimiento de los requisitos de la Recomendación 6.

34. Los países deberían tomar medidas para impedir el uso ilícito de entidades jurídicas por parte de quienes se dedican al lavado de dinero. En especial, los países deberían asegurarse de contar con información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomitentes, fideicomisarios y beneficiarios que las autoridades competentes puedan obtener o a las que puedan acceder sin demora. Los países deberían considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre la titularidad beneficiaria y el control a las instituciones financieras que encaren el cumplimiento de los requisitos previstos en la Recomendación 5.

D. COOPERACIÓN INTERNACIONAL


35. Los países deberían adoptar medidas inmediatas para adherir como parte y aplicar sin restricciones la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de 1999.Los países también son alentados a ratificar e implementar otras convenciones internacionales pertinentes, tales como la Convención sobre Lavado, búsqueda, Decomiso y Decomiso del Producto del Delito del Consejo de Europa, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002.

Asistencia legal mutua y extradición


36. Los países deberían prestar, rápida, constructiva y efectivamente, la gama más amplia posible de asistencia legal mutua en relación con las investigaciones, procesos judiciales y procedimientos relacionados referidos al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En especial, los países:

a) No deberían prohibir o imponer condiciones irrazonables o excesivamente restrictivas sobre la prestación de asistencia legal mutua.
b) Deberían asegurarse de contar con procedimientos claros y eficientes cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua.
c) No deberían negarse a cumplir con los pedidos de asistencia legal mutua fundándose exclusivamente en que se considera que el delito también involucra cuestiones fiscales.
d) No deberían negarse a cumplir con un pedido de asistencia legal mutua fundándose en que las leyes exigen que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad.

Los países deberían asegurarse de que las facultades de sus autoridades competentes requeridas según la Recomendación 28 también estén disponibles para emplearlas en respuesta a los pedidos de asistencia legal mutua, y si fuera compatible con sus marcos nacionales, en respuesta a los pedidos directos de autoridades extranjeras judiciales o encargadas de la aplicación de la ley a sus contrapartes nacionales.

Para evitar conflictos de jurisdicción, se debería considerar la creación y aplicación de mecanismos para determinar cuál es la mejor jurisdicción territorial para enjuiciar a los acusados en interés de la justicia, en aquellos casos en que estén sujetos a causas penales en más de un país.

37. Los países deberían prestarse, en la mayor medida posible, asistencia legal mutua no obstante la ausencia de doble delito.

Cuando se requiera la existencia de doble delito para la asistencia legal mutua o para la extradición, ese requisito se debería considerar cumplido sin tener en cuenta si ambos países ubican al delito dentro de la misma categoría de delitos o si lo denominan con la misma terminología, siempre que ambos países penalicen la conducta subyacente del delito.

38*. Debería existir la facultad de realizar acciones sumarias en respuesta a los pedidos de otros países de identificación, congelación, secuestro e decomiso de bienes lavados, del producto del lavado de dinero o de delitos subyacentes, instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o activos por un valor equivalente. También deberían existir acuerdos para coordinar el secuestro y la decomiso del producto, que podrían incluir el compartir los activos decomisados.

39. Los países deberían reconocer al lavado de dinero como delito extraditable. Cada país debería extraditar a sus propios ciudadanos o, en los casos en que un país no lo haga únicamente en base a la nacionalidad, ese país debería, a pedido del país que pretende la extradición, someter el caso sin demora indebida a sus autoridades competentes para la iniciación de acciones judiciales por los delitos indicados en la solicitud. Dichas autoridades deberían tomar su decisión y llevar a cabo sus procedimientos de la misma manera que en el caso de cualquier otro delito de carácter grave bajo la legislación nacional de ese país. Los países involucrados deberían colaborar entre sí, especialmente en los aspectos de procedimientos y pruebas, para asegurar la eficiencia de dichas acciones judiciales.

Con sujeción a sus respectivos marcos legales, los países pueden considerar simplificar la extradición permitiendo la transmisión directa de pedidos de extradición entre los ministerios apropiados, extraditando a personas sólo en base a órdenes de detención o sentencias, y/o introduciendo una extradición simplificadas de personas que por propia y libre voluntad renuncia los procedimientos de extradición formales.

Otras formas de cooperación


40*. Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus contrapartes extranjeras. Debería existir una vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre contrapartes, ya sea espontáneamente o a pedido, de información relacionada tanto con el lavado de dinero como con los delitos subyacentes en los que aquél se funda. Se deberían permitir los intercambios sin condiciones demasiado restrictivas. En particular:

a) Las autoridades competentes no deberían rechazar una solicitud de asistencia fundándose solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.
b) Los países no debería invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar.
c) Las autoridades competentes deberían estar en condiciones de realizar indagatorias, y en los casos en que sea posible, investigaciones en representación de contrapartes extranjeras.

Cuando la capacidad de obtener la información que busca una autoridad competente extranjera no esté dentro de la autoridad de su contraparte, también se alienta a los países a que permitan un intercambio de información rápido y constructivo con otros que no sean contrapartes. La cooperación con autoridades extranjeras que no sean contrapartes podría darse directa o indirectamente. En caso de no se sepa con certeza cuál es la vía adecuada a seguir, las autoridades competentes deberían ponerse en contacto primero con sus contrapartes extranjeras solicitando ayuda.

Los países deberían establecer controles y resguardos para asegurar que la información intercambiada por las autoridades competentes se use sólo en la forma autorizada, compatible con sus obligaciones relacionadas con la privacidad y la protección de datos.
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